Bogotá D. C., 2 de agosto de 2023
Doctora
AURORA VERGARA FIGUEROA
Ministra de Educación Nacional
Ciudad
Referencia: Aportes de ACIET a las propuestas de proyectos de Ley sobre educación
Respetada Señora Ministra:
En la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior –ACIET– agradecemos la invitación que su despacho ha hecho al sector de la educación superior para que contribuya con aportes a los dos proyectos de Ley que el Gobierno Nacional piensa radicar en el Congreso de la República, relacionados, por un lado, con una propuesta de ley estatutaria que confirme jurídicamente el acceso a la educación como un derecho de todos los colombianos, y una propuesta de reforma del vigente articulado de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior.
Después de la reunión que tuvimos con Usted, con el equipo estructurador de los proyectos y con las asociaciones hermanas del sector, el pasado 14 de julio, y agradeciendo su decisión pública de no radicar los textos hasta tanto no haya un real consenso del sector al respecto, ACIET realizó reuniones entre sus rectores a fin de analizar los impactos de las dos propuestas, en nuestra voluntad indeclinable de participar y aportar en este gran propósito.
Acompaña a esta comunicación un detallado análisis, artículo por artículo, de los dos proyectos, con las respectivas consideraciones de nuestra Asociación en aquellos artículos que, respetuosamente, sugerimos revisar y, cuando es el caso, cambiar.
Eso sí, debemos advertir que representa para nosotros un imperativo profesional y moral indicar a Usted, señora ministra, que si bien la naturaleza del articulado propuesto, especialmente para la “nueva” Ley 30, responde a algunas inquietudes esenciales para el sector (como, por ejemplo, financiamiento, participación y acceso universal), no hallamos en el despliegue de normas y propósitos de los mismos, una respuesta estructural de cómo el sistema de educación superior colombiano, sus fines, actores y estructura, pueden responder a los enormes desafíos que el conocimiento y la investigación, la tecnología, el mercado laboral, la globalidad y las nuevas formas y oferentes educativos están demandando a nuestro sector.
Claramente, la propuesta gubernamental atiende algunos justos reclamos históricos de parte de determinados sectores sociales, así como la necesidad de revisar el financiamiento de las IES públicas, pero como rectores y directivos de instituciones de educación superior no encontramos que el texto de Ley dé los fundamentos para que el sistema de educación superior responda a su compromiso de estructurar un país desde la articulación de todo el sistema educativo, desde la educación inicial, la articulación con las misiones sustantivas de la educación superior, su interacción con el sector productivo, el Estado y su respuesta a las crecientes demandas que la sociedad hace a la Universidad (como genérico para describir a todas las instituciones de educación superior) y el crecimiento esperado por Colombia desde su superior educación.
Somos conscientes del reto, tiempo, recursos y escenarios que demanda una reforma como la que soñamos sectorialmente, pero particularmente, señora Ministra, queremos pedirle, en nombre de nuestras 88 afiliadas (29 públicas y 59 privadas, de todas las tipologías: 10 instituciones técnicas profesionales, 12 instituciones tecnológicas, 50 instituciones universitarias y 16 universidades, que suman 748 mil estudiantes, equivalentes al 30 % de toda la matrícula del sistema), y con la certeza de que reproducimos el sentimiento de muchos más rectores de IES privadas, de que no radique en el Congreso de la República los dos articulados sin que colectivamente, como sector, aseguremos los consensos sobre los mínimos esenciales de la reforma, a fin de poder apoyar su tránsito legislativo y evitar los desgastes políticos y mediáticos que hemos visto con otras reformas del Gobierno.
Además de avanzar en temas de financiamiento y acceso, desde ACIET consideramos que la propuesta final al Congreso no puede dejar por fuera del articulado los siguientes cinco aspectos esenciales para la proyección y sostenibilidad de nuestras Instituciones de Educación Superior, que tienen servicio y cobertura pública y privada, en todas las modalidades y regiones del país:
Primero. Apoyo del Estado a los colombianos matriculados en instituciones de educación superior privadas.
Por decisión propia, calidad de la oferta, prestigio, restricciones de cupos, ausencia territorial o de programas, y exámenes de acceso, entre otros motivos, más de un millón de connacionales, de todos los estratos socioeconómicos, aparecen matriculados en las IES privadas, en virtud del reconocimiento que el Estado ha hecho del sistema mixto (público-privado), desde antes de la Ley 30 de 1992, también como contribución del sector privado a la ausencia de una debida estructura oficial para brindar educación superior con calidad. ACIET ve con preocupación que los esfuerzos del Gobierno Nacional para brindar gratuidad educativa están dirigidos sólo a compatriotas matriculados en instituciones de educación superior del sector oficial, mas no hacia los matriculados en las instituciones de educación superior privadas, lo cual abiertamente constituye una desprotección constitucional y estatal de estos. Vía reforma a la Ley 30, Plan Nacional de Desarrollo y políticas del actual Gobierno, la gratuidad como acción afirmativa sólo para un sector de la población, genera inequidad y amenaza la subsistencia de las IES privadas ante el desincentivo gubernamental para éstas y la segura fuerte deserción de las aulas privadas de estudiantes ilusionados con la gratuidad en un sector público que, como lo puede confirmar el SUE y la RedTTU, tiene la disposición, pero no la infraestructura suficiente para cubrir toda la cobertura nacional.
Segundo. Las condiciones fiscales y tributarias de las IES privadas.
Por más de tres décadas el sector privado ha llevado una fuerte carga impositiva, de la que afortunadamente la ley libró al sector público. Si nuestras instituciones de educación superior privadas no tuvieran que asumir la parafiscalidad del SENA y el pago y no devolución del IVA en sus compras, muy seguramente las inversiones en calidad, investigación, bienestar y valores de matrículas fueran más favorables para sus estudiantes. Solicitamos al Gobierno del Cambio, dar un giro en estas discriminatorias normas, pues gravan injustamente la operación de las IES privadas que, en la práctica, tiene los mismos objetivos sociales y estructura de funcionamiento de las IES públicas.
Tercero. Revisar los mecanismos de apoyo al fomento de la oferta educativa.
Mientras que la “progresividad” anunciada para la implementación plena del reconocimiento, como derecho, de la educación avance hacia la universalidad en el acceso y la matrícula, miles de colombianos de condiciones más favorables deben seguir pagando toda su matrícula en las IES oficiales, y más de un millón, de todos los estratos, deben hacerlo en las IES privadas. El sector no puede quedar, de un momento a otro, “huérfano” y sin claridad meridiana del rol de instituciones de fomento educativo a la oferta y a la demanda. Pedimos, por favor, hacer un debate público y concertado en torno del rol que deberán asumir integralmente organismos como ICETEX y FODESEP en el nuevo escenario de recomposición de la matrícula.
Cuarto. Universalización del concepto de autonomía para todo el sector.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 69, expresa que la autonomía universitaria debe ser para todas las instituciones de educación superior, ya que es un principio fundamental de la educación superior que permite a las instituciones tomar sus propias decisiones en términos de gestión institucional y de gobernanza. En la práctica, el despliegue de los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 marcaron una, a nuestro modo de ver, innecesaria división entre universidades y el resto de las instituciones de educación superior, cuando en la práctica las exigencias legales, sociales y de operación señalan que su rendición de cuentas y objeto social son los mismos. Dada la complejidad de este aparte en su aplicación, se sugiere se revise en contexto y con objetividad los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 con el propósito de clarificar sus contenidos.
Quinto. El importante rol del CESU en la orientación y verificación de las políticas públicas del sector.
Como Asociación, celebramos la apertura que el Gobierno quiere hacer para que el Consejo Nacional de Educación Superior CESU cuente con una más amplia representatividad sectorial, de tal forma que todos los actores se sientan representados, no obstante, el articulado propuesto no permite que dicho Consejo tenga un real papel de gestor, garante de calidad, orientador de la inspección y vigilancia e incluso de veedor de la ejecución de la política pública en educación superior de parte del Ministerio de Educación Nacional. Así como en las democracias celebramos el importante rol de los pesos y los contrapesos, en educación superior no es sano para el sistema que un solo actor, en este caso el Ministerio de Educación, piense y ejecute solo, con pleno control sobre el CESU, las políticas de fomento, inspección y vigilancia, entre otros. Gran favor, y tranquilidad, daría al sector revisar esta propuesta.
Finalmente, señora ministra, y si bien somos conscientes de lo desafiante que sería revisar las actuales tipologías de las IES, el día a día del sector, la demanda educativa, las exigencias normativas y el contexto internacional, deberían llevarnos a replantear estructuralmente nuestro modelo de instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias – escuelas tecnológicas y universidades. Más que profundización conceptual y operativa, esta complejidad estructural termina complicando al sector y su funcionamiento. Un sistema ordenado en torno de universidades e instituciones politécnicas, por ejemplo, favorecería las apuestas por el conocimiento, el funcionamiento, presupuesto y diseño nacional de nuestra educación superior. Es un tema nada menor y, sobre todo, de vital importancia para asumir los crecientes retos del sector.
Somos conscientes que una reforma de la magnitud como la que se pretende abordar conlleva un complejo escenario de negociaciones estamentarias, sectoriales y políticas, y por ello valoramos el esfuerzo del Gobierno Nacional al respecto.
Cordialmente,
HUGO ALBERTO VALENCIA PORRAS LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Presidente Nacional Director Ejecutivo
Anexos:
- Comentarios de ACIET al proyecto de ley “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones”
- Comentarios de ACIET al proyecto de Ley de reforma a la Ley 30 de 1992.