Por: Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET
La educación superior en Colombia atraviesa un momento de profundas transformaciones. En medio de las discusiones sobre ampliación de cobertura, calidad académica y fortalecimiento institucional, comienza a hacerse cada vez más evidente un problema estructural que merece mayor atención en el debate público: la fragilidad financiera del sistema de educación superior y, particularmente, de las instituciones que lo sostienen.
La reciente entrada en vigencia de la Ley 2568 de 2026 —que modifica el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992— y la expedición del Decreto 0173 de 2026 —que introduce medidas tributarias relacionadas con el impuesto al patrimonio— han reactivado una discusión fundamental sobre la sostenibilidad del sistema educativo en el país.
La Ley 2568 representa, sin duda, un avance importante para el fortalecimiento de la educación superior pública. La norma introduce un nuevo esquema de crecimiento presupuestal basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y una meta progresiva de inversión que busca alcanzar como mínimo el 1 % del PIB. Este cambio pretende superar el modelo anterior, en el que las transferencias a las universidades públicas crecían únicamente con base en el IPC, una fórmula que durante años resultó insuficiente para cubrir los costos reales del funcionamiento universitario.
Fortalecer la financiación de la educación pública es una decisión necesaria y positiva. Sin embargo, esta reforma también abre una discusión más amplia sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en su conjunto.
Colombia ha construido históricamente un modelo mixto de educación superior, en el que instituciones públicas y privadas han contribuido conjuntamente a ampliar la cobertura, formar talento humano y promover la investigación científica. Gracias a este esfuerzo conjunto, el país ha logrado avances importantes: la cobertura pasó del 54,9 % en 2022 al 57,53 % en 2024, y se proyecta cercana al 60 % en 2025.
No obstante, detrás de estas cifras alentadoras existe un contexto que plantea retos significativos para las instituciones. En los últimos años se ha observado una disminución progresiva de las matrículas en educación superior, fenómeno asociado a múltiples factores estructurales: la desaceleración demográfica del país, el aumento de estudiantes que buscan formación en el exterior, la migración, la visión de la geopolítica en el mundo, la disrupción tecnológica que están transformando los modelos de aprendizaje y el creciente interés de los jóvenes por trayectorias formativas más cortas orientadas a la inserción laboral temprana.
Esta tendencia tiene implicaciones directas sobre la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Para muchas de ellas, especialmente las privadas sin ánimo de lucro, la matrícula constituye la principal fuente de ingresos para financiar su operación académica, su planta docente, sus proyectos de investigación, la infraestructura universitaria y los servicios de bienestar institucional.
Cuando esa fuente de financiación comienza a disminuir, el subsistema de educación superior privada entra en una zona de vulnerabilidad que afecta su capacidad de sostenimiento en el mediano largo plazo.
A este escenario se suma la expedición del Decreto 0173 de 2026, que establece la obligación de pagar impuesto al patrimonio a personas jurídicas cuyo patrimonio líquido supere determinados umbrales. Bajo esta disposición, numerosas instituciones privadas de educación superior —constituidas legalmente como entidades sin ánimo de lucro— podrían quedan sujetas a esta carga tributaria.
La preocupación del sector no radica únicamente en el pago del impuesto, sino en la naturaleza misma del patrimonio institucional. En las universidades, el patrimonio está conformado principalmente por activos no líquidos como campus universitarios, laboratorios, bibliotecas, clínicas universitarias o centros de investigación. Estos bienes no representan activos líquidos, sino infraestructura esencial para el cumplimiento de la misión educativa.
Gravar este tipo de patrimonio puede generar presiones de liquidez y obligar a las instituciones a redirigir recursos que normalmente se destinan a inversión académica. En la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de proyectos de investigación, limitaciones en la contratación docente, retrasos en procesos de transformación digital o reducción en programas de bienestar universitario.
Estas decisiones no solo afectan la gestión administrativa de las instituciones, sino que pueden tener efectos directos sobre la calidad educativa y las oportunidades de formación de los estudiantes.
El desafío se vuelve aún más relevante si se considera que el país se ha propuesto metas ambiciosas de expansión del sistema. Alcanzar niveles de cobertura cercanos al 70 % requerirá instituciones sólidas, con capacidad financiera para sostener su crecimiento, invertir en innovación educativa y responder a los desafíos del conocimiento contemporáneo.
Por esta razón, resulta fundamental analizar de manera integral el impacto de las decisiones de política pública sobre el sistema de educación superior. La sostenibilidad del sector no depende únicamente de las transferencias del Estado ni de las matrículas estudiantiles, sino de un equilibrio entre financiamiento público, estabilidad institucional, políticas tributarias adecuadas y condiciones que favorezcan la inversión en conocimiento.
En este contexto, se hace necesario abrir espacios de diálogo técnico entre el Gobierno Nacional, las instituciones educativas y los diferentes actores del sistema. Estos espacios podrían permitir evaluar con mayor profundidad el impacto fiscal y financiero de las medidas adoptadas y explorar alternativas que reconozcan la naturaleza particular de las instituciones educativas sin ánimo de lucro.
La educación superior el activo más importante para el desarrollo del país. En sus aulas se forma el talento humano que impulsa la productividad, la innovación y la competitividad nacional. Garantizar la estabilidad financiera de las instituciones que sostienen este sistema no es solo un asunto sectorial; es una condición esencial para el futuro económico y social de Colombia.
Ampliar el acceso a la educación superior es una meta necesaria. Pero asegurar la sostenibilidad de las instituciones que hacen posible ese acceso debe ser, igualmente, una prioridad nacional.