Bogotá D.C., marzo de 2026. La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET, que representa las principales Instituciones de Educación Superior públicas y privadas del país, manifestó su disposición a participar en un diálogo técnico y constructivo con el Gobierno Nacional frente a las implicaciones del Decreto 0173 del 26 de febrero de 2026 “Por el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026.
Alcance del Decreto 0173
El Decreto 0173, mediante la adición del numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario, establece nuevas disposiciones para la vigencia 2026 dirigidas a personas jurídicas y sociedades de hecho que tributan bajo el régimen de renta y complementarios. En este contexto, resulta imperativo remitirnos al artículo 19 de dicho Estatuto, el cual define que las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) mantienen la calidad de contribuyentes conforme a las normas de las sociedades nacionales.
Bajo este marco legal, y considerando la naturaleza de las instituciones privadas de educación superior, la Ley 30 de 1992 (artículo 98) precisa que estas deben organizarse como personas jurídicas de utilidad común y sin ánimo de lucro. Por consiguiente, ya sea que operen como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria, estas entidades se encuentran sujetas a los lineamientos normativos descritos, lo que motiva el presente análisis sobre su situación tributaria.
Por lo anteriormente expuesto, las instituciones de educación superior privadas quedan obligadas al impuesto al patrimonio cuando su patrimonio líquido sea igual o superior a 20.000 UVT ($10.474 millones de pesos para 2026).
Impacto en el sector educativo
Rectores y analistas han señalado que esta medida puede generar efectos estructurales en el sector, dado que:
- El patrimonio de las IES está comprometido con fines académicos y sociales, no con generación de utilidades.
- Está compuesto en gran parte por activos no líquidos como campus, laboratorios, bibliotecas, clínicas y hospitales universitarios.
- El pago del impuesto puede generar tensiones de liquidez y desviar recursos que normalmente se destinan a infraestructura, investigación, becas, transformación digital y calidad educativa.
- Se tendría menos presupuesto disponible para cumplir su objeto misional, en la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de inversiones en infraestructura de laboratorios, recortes en los rubros destinados a proyectos de investigación científica, limitaciones para la contratación docente o afectaciones en los programas de bienestar universitario dificultando la consecución de los fines sociales y académicos que la ley 30 de 1992 les exige.
En síntesis, el decreto obliga a muchas IES privadas a asumir el impuesto al patrimonio, lo que ha generado preocupación por sus posibles efectos operativos y financieros.
Equidad, proporcionalidad y sostenibilidad
ACIET reconoce la importancia de la corresponsabilidad fiscal en momentos de coyuntura nacional. Sin embargo, considera fundamental que las medidas tributarias preserven el equilibrio del sistema mixto de educación superior y garanticen condiciones de sostenibilidad para todas las instituciones que prestan este servicio público esencial.
En este contexto, el gremio propone que el análisis del impuesto al patrimonio incorpore criterios de:
- Equidad tributaria, acordes con la naturaleza sin ánimo de lucro del sector educativo.
- Proporcionalidad, considerando la composición real del patrimonio institucional.
- Sostenibilidad financiera, evitando impactos que comprometan la inversión en calidad y acceso.
Propuestas concretas
ACIET sugiere abrir un espacio de trabajo técnico que permita:
- Evaluar el impacto fiscal y financiero sectorial de la medida.
- Analizar posibles tratamientos diferenciales o mecanismos de gradualidad para las entidades educativas del Régimen Tributario Especial.
- Explorar alternativas como incentivos o descuentos tributarios vinculados a inversión en investigación, becas, tecnología y desarrollo regional.
“Este no es un análisis filosófico sino un razonamiento estructural sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en Colombia. Las IES públicas y privadas cumplen una misión estratégica en la formación de talento humano, la generación de conocimiento y la competitividad del país” aseveró Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET.
ACIET enfatiza su disposición al diálogo responsable y a la búsqueda de soluciones que armonicen la responsabilidad fiscal del Estado con la protección de la educación como bien público.
“La prioridad debe ser garantizar que ninguna medida tributaria comprometa la capacidad de las instituciones para seguir ampliando oportunidades educativas y fortaleciendo el desarrollo social y económico del país”, concluyó Portocarrero Sierra. Mayores informes: https://aciet.org.co/