Desde la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET consideramos importante aportar una reflexión serena y constructiva frente a las recientes declaraciones realizadas por la senadora y candidata vicepresidencial Aída Quilcué sobre las Instituciones de Educación Superior y quienes hacen parte de ellas.

En ese contexto, y más allá de las aclaraciones efectuadas posteriormente, creemos fundamental reconocer y reafirmar el valor que la educación superior representa para millones de jóvenes, familias y comunidades en Colombia, así como el papel transformador que desempeñan las Instituciones de Educación Superior en la construcción de oportunidades, conocimiento y desarrollo para el país.

La educación superior en nuestro país ha sido históricamente uno de los principales motores de transformación social, movilidad, desarrollo regional, innovación, investigación, emprendimiento y construcción de oportunidades para las nuevas generaciones.

Detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo, disciplina, sacrificio y superación. Muchos son la primera generación de profesionales de sus familias; otros provienen de regiones apartadas, comunidades rurales, territorios históricamente excluidos o contextos sociales complejos donde la educación representa una oportunidad real de progreso y transformación.

“Consideramos importante evitar cualquier tipo de generalización que pueda desconocer el papel de quienes, desde las aulas, laboratorios, centros de investigación, espacios culturales y escenarios académicos, trabajan diariamente por construir una mejor sociedad”, mencionó Lorenzo Portocarrero Sierra, Director Ejecutivo de ACIET.

Las Instituciones de Educación Superior del país, públicas y privadas son fundamentales en la formación de profesionales, científicos, investigadores, docentes, emprendedores, líderes sociales, empresarios, servidores públicos y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de Colombia. Su aporte ha sido determinante para fortalecer la democracia, el conocimiento, la innovación, la competitividad, la inclusión y la construcción de tejido social en todas las regiones.

Asimismo, “reconocemos que la educación superior es un espacio plural, diverso y abierto al pensamiento crítico, donde convergen estudiantes de distintos contextos sociales, económicos, culturales y territoriales. Precisamente esa diversidad constituye una de sus mayores fortalezas y uno de los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más equitativa, participativa y democrática”, puntualizó Portocarrero Sierra.

Desde ACIET reiteramos nuestro reconocimiento a las Instituciones de Educación Superior colombianas por el papel que desempeñan en la formación con principios y valores éticos de millones de jóvenes y por su contribución permanente al desarrollo del país.

Hoy más que nunca, Colombia necesita fortalecer la confianza en la educación, promover el respeto por las instituciones académicas y continuar construyendo escenarios de diálogo que reconozcan el enorme aporte que realizan las Instituciones de Educación Superior al presente y futuro de nuestra nación.

La educación superior no solo forma profesionales; forma ciudadanos, construye esperanza, impulsa el desarrollo y contribuye a la transformación de los territorios.

Para más información aciet@aciet.org.co

Por: Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET

La educación superior en Colombia atraviesa un momento de profundas transformaciones. En medio de las discusiones sobre ampliación de cobertura, calidad académica y fortalecimiento institucional, comienza a hacerse cada vez más evidente un problema estructural que merece mayor atención en el debate público: la fragilidad financiera del sistema de educación superior y, particularmente, de las instituciones que lo sostienen.

La reciente entrada en vigencia de la Ley 2568 de 2026 —que modifica el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992— y la expedición del Decreto 0173 de 2026 —que introduce medidas tributarias relacionadas con el impuesto al patrimonio— han reactivado una discusión fundamental sobre la sostenibilidad del sistema educativo en el país.

La Ley 2568 representa, sin duda, un avance importante para el fortalecimiento de la educación superior pública. La norma introduce un nuevo esquema de crecimiento presupuestal basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y una meta progresiva de inversión que busca alcanzar como mínimo el 1 % del PIB. Este cambio pretende superar el modelo anterior, en el que las transferencias a las universidades públicas crecían únicamente con base en el IPC, una fórmula que durante años resultó insuficiente para cubrir los costos reales del funcionamiento universitario.

Fortalecer la financiación de la educación pública es una decisión necesaria y positiva. Sin embargo, esta reforma también abre una discusión más amplia sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en su conjunto.

Colombia ha construido históricamente un modelo mixto de educación superior, en el que instituciones públicas y privadas han contribuido conjuntamente a ampliar la cobertura, formar talento humano y promover la investigación científica. Gracias a este esfuerzo conjunto, el país ha logrado avances importantes: la cobertura pasó del 54,9 % en 2022 al 57,53 % en 2024, y se proyecta cercana al 60 % en 2025.

No obstante, detrás de estas cifras alentadoras existe un contexto que plantea retos significativos para las instituciones. En los últimos años se ha observado una disminución progresiva de las matrículas en educación superior, fenómeno asociado a múltiples factores estructurales: la desaceleración demográfica del país, el aumento de estudiantes que buscan formación en el exterior, la migración, la visión de la geopolítica en el mundo, la disrupción tecnológica que están transformando los modelos de aprendizaje y el creciente interés de los jóvenes por trayectorias formativas más cortas orientadas a la inserción laboral temprana.

Esta tendencia tiene implicaciones directas sobre la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Para muchas de ellas, especialmente las privadas sin ánimo de lucro, la matrícula constituye la principal fuente de ingresos para financiar su operación académica, su planta docente, sus proyectos de investigación, la infraestructura universitaria y los servicios de bienestar institucional.

Cuando esa fuente de financiación comienza a disminuir, el subsistema de educación superior privada entra en una zona de vulnerabilidad que afecta su capacidad de sostenimiento en el mediano largo plazo.

A este escenario se suma la expedición del Decreto 0173 de 2026, que establece la obligación de pagar impuesto al patrimonio a personas jurídicas cuyo patrimonio líquido supere determinados umbrales. Bajo esta disposición, numerosas instituciones privadas de educación superior —constituidas legalmente como entidades sin ánimo de lucro— podrían quedan sujetas a esta carga tributaria.

La preocupación del sector no radica únicamente en el pago del impuesto, sino en la naturaleza misma del patrimonio institucional. En las universidades, el patrimonio está conformado principalmente por activos no líquidos como campus universitarios, laboratorios, bibliotecas, clínicas universitarias o centros de investigación. Estos bienes no representan activos líquidos, sino infraestructura esencial para el cumplimiento de la misión educativa.

Gravar este tipo de patrimonio puede generar presiones de liquidez y obligar a las instituciones a redirigir recursos que normalmente se destinan a inversión académica. En la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de proyectos de investigación, limitaciones en la contratación docente, retrasos en procesos de transformación digital o reducción en programas de bienestar universitario.

Estas decisiones no solo afectan la gestión administrativa de las instituciones, sino que pueden tener efectos directos sobre la calidad educativa y las oportunidades de formación de los estudiantes.

El desafío se vuelve aún más relevante si se considera que el país se ha propuesto metas ambiciosas de expansión del sistema. Alcanzar niveles de cobertura cercanos al 70 % requerirá instituciones sólidas, con capacidad financiera para sostener su crecimiento, invertir en innovación educativa y responder a los desafíos del conocimiento contemporáneo.

Por esta razón, resulta fundamental analizar de manera integral el impacto de las decisiones de política pública sobre el sistema de educación superior. La sostenibilidad del sector no depende únicamente de las transferencias del Estado ni de las matrículas estudiantiles, sino de un equilibrio entre financiamiento público, estabilidad institucional, políticas tributarias adecuadas y condiciones que favorezcan la inversión en conocimiento.

En este contexto, se hace necesario abrir espacios de diálogo técnico entre el Gobierno Nacional, las instituciones educativas y los diferentes actores del sistema. Estos espacios podrían permitir evaluar con mayor profundidad el impacto fiscal y financiero de las medidas adoptadas y explorar alternativas que reconozcan la naturaleza particular de las instituciones educativas sin ánimo de lucro.

La educación superior el activo más importante para el desarrollo del país. En sus aulas se forma el talento humano que impulsa la productividad, la innovación y la competitividad nacional. Garantizar la estabilidad financiera de las instituciones que sostienen este sistema no es solo un asunto sectorial; es una condición esencial para el futuro económico y social de Colombia.

Ampliar el acceso a la educación superior es una meta necesaria. Pero asegurar la sostenibilidad de las instituciones que hacen posible ese acceso debe ser, igualmente, una prioridad nacional.

Bogotá D.C., marzo de 2026. La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET, que representa las principales Instituciones de Educación Superior públicas y privadas del país, manifestó su disposición a participar en un diálogo técnico y constructivo con el Gobierno Nacional frente a las implicaciones del Decreto 0173 del 26 de febrero de 2026 “Por el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026.

Alcance del Decreto 0173

El Decreto 0173, mediante la adición del numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario, establece nuevas disposiciones para la vigencia 2026 dirigidas a personas jurídicas y sociedades de hecho que tributan bajo el régimen de renta y complementarios. En este contexto, resulta imperativo remitirnos al artículo 19 de dicho Estatuto, el cual define que las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) mantienen la calidad de contribuyentes conforme a las normas de las sociedades nacionales.

Bajo este marco legal, y considerando la naturaleza de las instituciones privadas de educación superior, la Ley 30 de 1992 (artículo 98) precisa que estas deben organizarse como personas jurídicas de utilidad común y sin ánimo de lucro. Por consiguiente, ya sea que operen como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria, estas entidades se encuentran sujetas a los lineamientos normativos descritos, lo que motiva el presente análisis sobre su situación tributaria.

Por lo anteriormente expuesto, las instituciones de educación superior privadas quedan obligadas al impuesto al patrimonio cuando su patrimonio líquido sea igual o superior a 20.000 UVT  ($10.474 millones de pesos para 2026).

Impacto en el sector educativo

Rectores y analistas han señalado que esta medida puede generar efectos estructurales en el sector, dado que:

• El patrimonio de las IES está comprometido con fines académicos y sociales, no con generación de utilidades.
• Está compuesto en gran parte por activos no líquidos como campus, laboratorios, bibliotecas, clínicas y hospitales universitarios.
• El pago del impuesto puede generar tensiones de liquidez y desviar recursos que normalmente se destinan a infraestructura, investigación, becas, transformación digital y calidad educativa.
• Se tendría menos presupuesto disponible para cumplir su objeto misional, en la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de inversiones en infraestructura de laboratorios, recortes en los rubros destinados a proyectos de investigación científica, limitaciones para la contratación docente o afectaciones en los programas de bienestar universitario dificultando la consecución de los fines sociales y académicos que la ley 30 de 1992 les exige.

En síntesis, el decreto obliga a muchas IES privadas a asumir el impuesto al patrimonio, lo que ha generado preocupación por sus posibles efectos operativos y financieros.

Equidad, proporcionalidad y sostenibilidad

ACIET reconoce la importancia de la corresponsabilidad fiscal en momentos de coyuntura nacional. Sin embargo, considera fundamental que las medidas tributarias preserven el equilibrio del sistema mixto de educación superior y garanticen condiciones de sostenibilidad para todas las instituciones que prestan este servicio público esencial.

En este contexto, el gremio propone que el análisis del impuesto al patrimonio incorpore criterios de:

• Equidad tributaria, acordes con la naturaleza sin ánimo de lucro del sector educativo.
• Proporcionalidad, considerando la composición real del patrimonio institucional.
• Sostenibilidad financiera, evitando impactos que comprometan la inversión en calidad y acceso.

Propuestas concretas

ACIET sugiere abrir un espacio de trabajo técnico que permita:

1. Evaluar el impacto fiscal y financiero sectorial de la medida.
2. Analizar posibles tratamientos diferenciales o mecanismos de gradualidad para las entidades educativas del Régimen Tributario Especial.
3. Explorar alternativas como incentivos o descuentos tributarios vinculados a inversión en investigación, becas, tecnología y desarrollo regional.

“Este no es un análisis filosófico sino un razonamiento estructural sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en Colombia. Las IES públicas y privadas cumplen una misión estratégica en la formación de talento humano, la generación de conocimiento y la competitividad del país” aseveró Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET.

ACIET enfatiza su disposición al diálogo responsable y a la búsqueda de soluciones que armonicen la responsabilidad fiscal del Estado con la protección de la educación como bien público.

“La prioridad debe ser garantizar que ninguna medida tributaria comprometa la capacidad de las instituciones para seguir ampliando oportunidades educativas y fortaleciendo el desarrollo social y económico del país”, concluyó Portocarrero Sierra. Mayores informes: https://aciet.org.co/

Bogotá D. C., febrero de 2026. La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET expresa hoy su profunda solidaridad con las comunidades del departamento de Córdoba afectadas por el desbordamiento del río Sinú y por la intensa temporada de lluvias que atraviesa el país, situación que ha provocado inundaciones, evacuaciones masivas y graves impactos sociales y económicos en múltiples municipios.

Desde ACIET manifestamos nuestro respaldo a los estudiantes, docentes, directivos y familias que hoy enfrentan condiciones adversas para continuar con sus actividades académicas, así como a las autoridades locales y nacionales que adelantan labores de atención y mitigación del desastre.

“La educación superior no puede ser ajena a una crisis humanitaria de esta magnitud. Nuestra prioridad es proteger la vida, pero también garantizar que miles de jóvenes no vean truncados sus proyectos de formación”.

Dos propuestas desde la educación y la acción social

En este contexto, ACIET anuncia dos líneas de acción que buscan aportar de manera concreta a la respuesta institucional y comunitaria en Córdoba:

1. Continuidad académica y flexibilidad institucional.

ACIET hace un llamado a las Instituciones de Educación Superior con presencia en la región y a aquellas que reciben estudiantes provenientes de zonas afectadas para que adopten medidas excepcionales de flexibilidad académica, entre ellas: clases remotas temporales, ampliación de plazos para evaluaciones, ajustes en calendarios, acompañamiento psicosocial y priorización de becas de emergencia o alivios financieros.

ACIET insiste en que es indispensable reorganizar los procesos académicos para que los estudiantes puedan seguir adelante con sus proyectos educativos pese a la emergencia.

2. Brigadas universitarias de apoyo y transferencia de conocimiento.

ACIET propone articular a universidades públicas y privadas en la conformación de brigadas académicas y técnicas integradas por docentes, investigadores y estudiantes voluntarios de áreas como ingeniería, salud, trabajo social, psicología, arquitectura y ciencias ambientales, que puedan apoyar a las autoridades en diagnósticos de riesgo, atención comunitaria, diseño de soluciones temporales y acompañamiento a población vulnerable, en coordinación con los organismos oficiales de gestión del riesgo.

Liderazgo regional y articulación nacional

Se informa que el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, convocará a su equipo directivo y académico para identificar y estructurar iniciativas concretas desde la institución que contribuyan a la atención de la emergencia y a la recuperación del departamento.

De igual forma, Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET, coincidie en que el sector educativo debe desempeñar un papel activo en la respuesta nacional a la crisis:

“Las universidades tienen capacidad técnica, talento humano y presencia territorial. Desde ACIET creemos que el sector educativo debe aportar ideas y soluciones para que el Gobierno nacional y los organismos de atención a desastres cuenten con insumos académicos que ayuden a mitigar los daños y planear la recuperación”, afirmó Portocarrero Sierra.

Llamado a la corresponsabilidad y a la protección del derecho a la educación

ACIET insta a las autoridades educativas, a los entes territoriales y a las instituciones del sistema a coordinar esfuerzos para proteger el derecho a la educación de los estudiantes afectados, evitando la deserción y garantizando condiciones mínimas para la continuidad de sus estudios.

“La emergencia no puede convertirse en una barrera definitiva para el acceso y la permanencia en la educación superior. Reorganizar, flexibilizar y acompañar es hoy una responsabilidad colectiva”.

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior reitera su disposición para articular a sus afiliados y trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional, los organismos de socorro y las autoridades regionales en la construcción de soluciones educativas y sociales que contribuyan a la recuperación de Córdoba y al bienestar de sus comunidades.