Por: Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET

La educación superior en Colombia atraviesa un momento de profundas transformaciones. En medio de las discusiones sobre ampliación de cobertura, calidad académica y fortalecimiento institucional, comienza a hacerse cada vez más evidente un problema estructural que merece mayor atención en el debate público: la fragilidad financiera del sistema de educación superior y, particularmente, de las instituciones que lo sostienen.

La reciente entrada en vigencia de la Ley 2568 de 2026 —que modifica el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992— y la expedición del Decreto 0173 de 2026 —que introduce medidas tributarias relacionadas con el impuesto al patrimonio— han reactivado una discusión fundamental sobre la sostenibilidad del sistema educativo en el país.

La Ley 2568 representa, sin duda, un avance importante para el fortalecimiento de la educación superior pública. La norma introduce un nuevo esquema de crecimiento presupuestal basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y una meta progresiva de inversión que busca alcanzar como mínimo el 1 % del PIB. Este cambio pretende superar el modelo anterior, en el que las transferencias a las universidades públicas crecían únicamente con base en el IPC, una fórmula que durante años resultó insuficiente para cubrir los costos reales del funcionamiento universitario.

Fortalecer la financiación de la educación pública es una decisión necesaria y positiva. Sin embargo, esta reforma también abre una discusión más amplia sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en su conjunto.

Colombia ha construido históricamente un modelo mixto de educación superior, en el que instituciones públicas y privadas han contribuido conjuntamente a ampliar la cobertura, formar talento humano y promover la investigación científica. Gracias a este esfuerzo conjunto, el país ha logrado avances importantes: la cobertura pasó del 54,9 % en 2022 al 57,53 % en 2024, y se proyecta cercana al 60 % en 2025.

No obstante, detrás de estas cifras alentadoras existe un contexto que plantea retos significativos para las instituciones. En los últimos años se ha observado una disminución progresiva de las matrículas en educación superior, fenómeno asociado a múltiples factores estructurales: la desaceleración demográfica del país, el aumento de estudiantes que buscan formación en el exterior, la migración, la visión de la geopolítica en el mundo, la disrupción tecnológica que están transformando los modelos de aprendizaje y el creciente interés de los jóvenes por trayectorias formativas más cortas orientadas a la inserción laboral temprana.

Esta tendencia tiene implicaciones directas sobre la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Para muchas de ellas, especialmente las privadas sin ánimo de lucro, la matrícula constituye la principal fuente de ingresos para financiar su operación académica, su planta docente, sus proyectos de investigación, la infraestructura universitaria y los servicios de bienestar institucional.

Cuando esa fuente de financiación comienza a disminuir, el subsistema de educación superior privada entra en una zona de vulnerabilidad que afecta su capacidad de sostenimiento en el mediano largo plazo.

A este escenario se suma la expedición del Decreto 0173 de 2026, que establece la obligación de pagar impuesto al patrimonio a personas jurídicas cuyo patrimonio líquido supere determinados umbrales. Bajo esta disposición, numerosas instituciones privadas de educación superior —constituidas legalmente como entidades sin ánimo de lucro— podrían quedan sujetas a esta carga tributaria.

La preocupación del sector no radica únicamente en el pago del impuesto, sino en la naturaleza misma del patrimonio institucional. En las universidades, el patrimonio está conformado principalmente por activos no líquidos como campus universitarios, laboratorios, bibliotecas, clínicas universitarias o centros de investigación. Estos bienes no representan activos líquidos, sino infraestructura esencial para el cumplimiento de la misión educativa.

Gravar este tipo de patrimonio puede generar presiones de liquidez y obligar a las instituciones a redirigir recursos que normalmente se destinan a inversión académica. En la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de proyectos de investigación, limitaciones en la contratación docente, retrasos en procesos de transformación digital o reducción en programas de bienestar universitario.

Estas decisiones no solo afectan la gestión administrativa de las instituciones, sino que pueden tener efectos directos sobre la calidad educativa y las oportunidades de formación de los estudiantes.

El desafío se vuelve aún más relevante si se considera que el país se ha propuesto metas ambiciosas de expansión del sistema. Alcanzar niveles de cobertura cercanos al 70 % requerirá instituciones sólidas, con capacidad financiera para sostener su crecimiento, invertir en innovación educativa y responder a los desafíos del conocimiento contemporáneo.

Por esta razón, resulta fundamental analizar de manera integral el impacto de las decisiones de política pública sobre el sistema de educación superior. La sostenibilidad del sector no depende únicamente de las transferencias del Estado ni de las matrículas estudiantiles, sino de un equilibrio entre financiamiento público, estabilidad institucional, políticas tributarias adecuadas y condiciones que favorezcan la inversión en conocimiento.

En este contexto, se hace necesario abrir espacios de diálogo técnico entre el Gobierno Nacional, las instituciones educativas y los diferentes actores del sistema. Estos espacios podrían permitir evaluar con mayor profundidad el impacto fiscal y financiero de las medidas adoptadas y explorar alternativas que reconozcan la naturaleza particular de las instituciones educativas sin ánimo de lucro.

La educación superior el activo más importante para el desarrollo del país. En sus aulas se forma el talento humano que impulsa la productividad, la innovación y la competitividad nacional. Garantizar la estabilidad financiera de las instituciones que sostienen este sistema no es solo un asunto sectorial; es una condición esencial para el futuro económico y social de Colombia.

Ampliar el acceso a la educación superior es una meta necesaria. Pero asegurar la sostenibilidad de las instituciones que hacen posible ese acceso debe ser, igualmente, una prioridad nacional.

Bogotá D.C., marzo de 2026. La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET, que representa las principales Instituciones de Educación Superior públicas y privadas del país, manifestó su disposición a participar en un diálogo técnico y constructivo con el Gobierno Nacional frente a las implicaciones del Decreto 0173 del 26 de febrero de 2026 “Por el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026.

Alcance del Decreto 0173

El Decreto 0173, mediante la adición del numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario, establece nuevas disposiciones para la vigencia 2026 dirigidas a personas jurídicas y sociedades de hecho que tributan bajo el régimen de renta y complementarios. En este contexto, resulta imperativo remitirnos al artículo 19 de dicho Estatuto, el cual define que las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) mantienen la calidad de contribuyentes conforme a las normas de las sociedades nacionales.

Bajo este marco legal, y considerando la naturaleza de las instituciones privadas de educación superior, la Ley 30 de 1992 (artículo 98) precisa que estas deben organizarse como personas jurídicas de utilidad común y sin ánimo de lucro. Por consiguiente, ya sea que operen como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria, estas entidades se encuentran sujetas a los lineamientos normativos descritos, lo que motiva el presente análisis sobre su situación tributaria.

Por lo anteriormente expuesto, las instituciones de educación superior privadas quedan obligadas al impuesto al patrimonio cuando su patrimonio líquido sea igual o superior a 20.000 UVT  ($10.474 millones de pesos para 2026).

Impacto en el sector educativo

Rectores y analistas han señalado que esta medida puede generar efectos estructurales en el sector, dado que:

• El patrimonio de las IES está comprometido con fines académicos y sociales, no con generación de utilidades.
• Está compuesto en gran parte por activos no líquidos como campus, laboratorios, bibliotecas, clínicas y hospitales universitarios.
• El pago del impuesto puede generar tensiones de liquidez y desviar recursos que normalmente se destinan a infraestructura, investigación, becas, transformación digital y calidad educativa.
• Se tendría menos presupuesto disponible para cumplir su objeto misional, en la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de inversiones en infraestructura de laboratorios, recortes en los rubros destinados a proyectos de investigación científica, limitaciones para la contratación docente o afectaciones en los programas de bienestar universitario dificultando la consecución de los fines sociales y académicos que la ley 30 de 1992 les exige.

En síntesis, el decreto obliga a muchas IES privadas a asumir el impuesto al patrimonio, lo que ha generado preocupación por sus posibles efectos operativos y financieros.

Equidad, proporcionalidad y sostenibilidad

ACIET reconoce la importancia de la corresponsabilidad fiscal en momentos de coyuntura nacional. Sin embargo, considera fundamental que las medidas tributarias preserven el equilibrio del sistema mixto de educación superior y garanticen condiciones de sostenibilidad para todas las instituciones que prestan este servicio público esencial.

En este contexto, el gremio propone que el análisis del impuesto al patrimonio incorpore criterios de:

• Equidad tributaria, acordes con la naturaleza sin ánimo de lucro del sector educativo.
• Proporcionalidad, considerando la composición real del patrimonio institucional.
• Sostenibilidad financiera, evitando impactos que comprometan la inversión en calidad y acceso.

Propuestas concretas

ACIET sugiere abrir un espacio de trabajo técnico que permita:

1. Evaluar el impacto fiscal y financiero sectorial de la medida.
2. Analizar posibles tratamientos diferenciales o mecanismos de gradualidad para las entidades educativas del Régimen Tributario Especial.
3. Explorar alternativas como incentivos o descuentos tributarios vinculados a inversión en investigación, becas, tecnología y desarrollo regional.

“Este no es un análisis filosófico sino un razonamiento estructural sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en Colombia. Las IES públicas y privadas cumplen una misión estratégica en la formación de talento humano, la generación de conocimiento y la competitividad del país” aseveró Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET.

ACIET enfatiza su disposición al diálogo responsable y a la búsqueda de soluciones que armonicen la responsabilidad fiscal del Estado con la protección de la educación como bien público.

“La prioridad debe ser garantizar que ninguna medida tributaria comprometa la capacidad de las instituciones para seguir ampliando oportunidades educativas y fortaleciendo el desarrollo social y económico del país”, concluyó Portocarrero Sierra. Mayores informes: https://aciet.org.co/

Bogotá D. C., febrero de 2026. La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET expresa hoy su profunda solidaridad con las comunidades del departamento de Córdoba afectadas por el desbordamiento del río Sinú y por la intensa temporada de lluvias que atraviesa el país, situación que ha provocado inundaciones, evacuaciones masivas y graves impactos sociales y económicos en múltiples municipios.

Desde ACIET manifestamos nuestro respaldo a los estudiantes, docentes, directivos y familias que hoy enfrentan condiciones adversas para continuar con sus actividades académicas, así como a las autoridades locales y nacionales que adelantan labores de atención y mitigación del desastre.

“La educación superior no puede ser ajena a una crisis humanitaria de esta magnitud. Nuestra prioridad es proteger la vida, pero también garantizar que miles de jóvenes no vean truncados sus proyectos de formación”.

Dos propuestas desde la educación y la acción social

En este contexto, ACIET anuncia dos líneas de acción que buscan aportar de manera concreta a la respuesta institucional y comunitaria en Córdoba:

1. Continuidad académica y flexibilidad institucional.

ACIET hace un llamado a las Instituciones de Educación Superior con presencia en la región y a aquellas que reciben estudiantes provenientes de zonas afectadas para que adopten medidas excepcionales de flexibilidad académica, entre ellas: clases remotas temporales, ampliación de plazos para evaluaciones, ajustes en calendarios, acompañamiento psicosocial y priorización de becas de emergencia o alivios financieros.

ACIET insiste en que es indispensable reorganizar los procesos académicos para que los estudiantes puedan seguir adelante con sus proyectos educativos pese a la emergencia.

2. Brigadas universitarias de apoyo y transferencia de conocimiento.

ACIET propone articular a universidades públicas y privadas en la conformación de brigadas académicas y técnicas integradas por docentes, investigadores y estudiantes voluntarios de áreas como ingeniería, salud, trabajo social, psicología, arquitectura y ciencias ambientales, que puedan apoyar a las autoridades en diagnósticos de riesgo, atención comunitaria, diseño de soluciones temporales y acompañamiento a población vulnerable, en coordinación con los organismos oficiales de gestión del riesgo.

Liderazgo regional y articulación nacional

Se informa que el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, convocará a su equipo directivo y académico para identificar y estructurar iniciativas concretas desde la institución que contribuyan a la atención de la emergencia y a la recuperación del departamento.

De igual forma, Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET, coincidie en que el sector educativo debe desempeñar un papel activo en la respuesta nacional a la crisis:

“Las universidades tienen capacidad técnica, talento humano y presencia territorial. Desde ACIET creemos que el sector educativo debe aportar ideas y soluciones para que el Gobierno nacional y los organismos de atención a desastres cuenten con insumos académicos que ayuden a mitigar los daños y planear la recuperación”, afirmó Portocarrero Sierra.

Llamado a la corresponsabilidad y a la protección del derecho a la educación

ACIET insta a las autoridades educativas, a los entes territoriales y a las instituciones del sistema a coordinar esfuerzos para proteger el derecho a la educación de los estudiantes afectados, evitando la deserción y garantizando condiciones mínimas para la continuidad de sus estudios.

“La emergencia no puede convertirse en una barrera definitiva para el acceso y la permanencia en la educación superior. Reorganizar, flexibilizar y acompañar es hoy una responsabilidad colectiva”.

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior reitera su disposición para articular a sus afiliados y trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional, los organismos de socorro y las autoridades regionales en la construcción de soluciones educativas y sociales que contribuyan a la recuperación de Córdoba y al bienestar de sus comunidades.

Desde ACIET tenemos el gusto de invitarle a participar en el Encuentro Internacional de Investigación Mesa Sur Pacífico 2026, un espacio académico diseñado para el diálogo, la socialización de experiencias y el fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El evento se llevará a cabo el viernes 17 de abril de 2026, contará con la participación de estudiantes, docentes, investigadores e instituciones del ámbito regional, nacional e internacional.

Será una oportunidad para visibilizar avances y resultados de procesos de investigación, fortalecer redes académicas y promover la construcción colectiva de conocimiento.

ACIET invita a los profesionales interesados a postularse al cargo de Revisor Fiscal, quien será responsable de ejercer la vigilancia y control de la gestión financiera y administrativa de la Asociación, en cumplimiento de la normatividad vigente y los estatutos institucionales.

📄 En el siguiente link se encuentran detalladas las funciones, requisitos y responsabilidades del cargo:

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET y la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe – ASIESCA, presentan una reflexión sobre el decreto gubernamental que establece un incremento del 23,7% al salario mínimo para 2026. Si bien reconocemos la intención de mejorar los ingresos de los trabajadores, es nuestro deber, como representantes de un sector estratégico para el país, evidenciar las profundas implicaciones que esta medida tiene sobre la sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior – IES.

Por: Lorenzo Portocarrero Sierra

Director Ejecutivo

A las puertas de un nuevo gobierno, independiente de su posición o postura política, es perentorio e imperioso rediseñar el futuro deseable de la educación superior del país, a tono con la modernidad para las actuales y próximas generaciones.  Dada la incertidumbre en medio del nuevo enrutamiento geopolítico, el cambio climático, las presiones demográficas, la disrupción tecnológica, la competencia intercultural, y la migración entre otros factores. Lo anterior se desarrolla en el marco de la responsabilidad social que a todos nos incumbe, como de las influencias que ordenarán y acuñarán la educación superior en el futuro próximo, para desde ya ir vislumbrando una convergencia de la vida universitaria globalizada que no da tregua.

La educación con impacto, entendida desde el acceso, permanencia, graduación, cobertura de calidad e incidencia en la productividad de los pilares económicos, sociales y ambientales, constituye uno de los temas de mayor interés y preocupación en la opinión pública y en la agenda de todo gobierno. Para la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET, así como para los más caracterizados actores del sector, la orientación con sentido de patria y confianza, eficiencia, eficacia y economía, que requiere la educación superior, demanda una actuación integral, radical, jurídica y del rediseño del sistema, de sus propósitos, actores y responsabilidades.

Numerosos han sido los intentos por modificar el Sistema Colombiano de Educación Superior del País SCES, pero fundamentalmente la Ley de educación superior, sin embargo, la mayoría de resultados han sido fallidos, deslucidos y frustrados dada en gran medida por la complejidad del tema, pero también, sin lugar a dudas, las estrategias, caminos y mecanismos utilizados para tal fin, no han sido los más expeditos, que como se sabe, encuentra adeptos, pero también mucha resistencia por parte de actores que de manera directa e indirecta tienen que ver con el propósito. No sobra decir que la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 cumple 33 años al servicio de la educación superior del país, seguramente con falencias propias de su aplicación e interpretación, pero también con muchos elementos que han permitido el desarrollo y ejercicio académico en todo el entorno administrativo del sistema para la toma de decisiones en materia de educación superior.

En este marco de reflexión, parece no haber suficiente claridad en torno a la narrativa trillada sobre la decisión seria, responsable, oportuna y necesaria de rediseñar el SCES. Cabe mencionar que, no es solo la ley de educación superlativa, sino el miramiento, atención y barrido integral de los actores que en ella se enmarcan, la cual se complejiza ante la necesidad de afianzar un verdadero rediseño del sistema colombiano de educación superior, entiéndase es urgente y perentorio, que conlleve los aspectos de responsabilidad social asistida, desarrollo sostenible, sin menoscabo de sus naturaleza, de herramientas para afrontar de manera armónica su futuro deseable, articulado y coherente, los desafíos y divergencias sociales, económicas y medioambientales del contexto de las fuerzas que darán forma a la educación superior en el futuro inmediato en el gobierno multinivel desde la acepción Estado-Nación.

Es amplia la literatura y los documentos, análisis e informaciones que al respecto han escrito, además de ACIET, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN; el Sistema Universitario Estatal SUE; los análisis en el Consejo Nacional de Educación Superior CESU; las advertencias de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia ACESAD sobre la necesidad de reforma a la Ley 30 de 1992, desarrollando temas de impactos importantes como limitaciones para el desarrollo de la oferta virtual; los estudios para la creación de nuevas instituciones y programas y sus análisis en la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad CONACES; los cada vez menores recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología MINCIENCIAS; las peticiones por mejoras en gobernabilidad, derechos humanos y bienestar, por parte de los movimientos estudiantiles; los llamados a un reconocimiento salarial en mejores condiciones económicas y de vinculación, de parte de sindicatos y asociaciones de profesores; la complejidad financiera de muchas instituciones y las tensiones de política económica, advertidos en el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP; los insuficientes esfuerzos del ICETEX para potenciar el crédito educativo; las advertencias de riesgos en la gobernabilidad y viabilidad financiera de instituciones públicas, reseñadas por la Contraloría General de la Nación; las noticias de los medios de comunicación; los análisis de El Observatorio de la Universidad Colombiana; los datos del Laboratorio de Economía de la Educación; las proyecciones de estudiantes del Observatorio de Realidades Educativas -ORE- de la Universidad ICESI; y  diagnósticos, desde el exterior, de organizaciones especializadas en educación, como IESALC – UNESCO; Banco Mundial, OECD, y CINDA.

La principal preocupación radica en cavilar y discurrir de manera sensata y participativa cual sería la ruta en el puerto de partida y el escenario de llegada, con la tranquilidad del deber cumplido para el inicio de la nueva ola en materia de educación superior para el país, claro está, retrotrayendo las experiencias vividas y construir sobre los construido que en buena parte es el cimiento inicial del proceso.

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET es consciente que el rediseño del sistema es responsabilidad de todos los actores del sector, y que muchos de quienes hemos estado detrás este amanecer de la creación de instituciones (oficiales y privadas), el diseño y oferta de programas, la evaluación de resultados, el diálogo social, la interacción con el estado y otras naciones, hemos dado lo mejor de nuestro esfuerzo, aun con los errores que la historia, el diseño institucional y los resultados muestran. Somos conscientes de la necesidad de implementar cambios, y de asumir responsabilidades que, orientadas en el crecimiento como patria y de la educación, serán conscientemente más fáciles de asumir.

Finalmente, se infiere que esto solo será posible si un nuevo gobierno nacional, desde su primer día de cuatrienio, lidera un gran acuerdo, propuesta, diálogo, reforma, reestructuración o como quiera llamársele a un nuevo sistema de educación superior. Eso justifica la presente exhortación al próximo presidente y al Congreso de la República de Colombia.

Para todos los rectores y rectoras de las instituciones de educación superior del país, como a los actores del SCES, les deseo una Feliz Navidad y un Venturoso Año 2026, cargado de parabienes, salud y gran unión familiar, Abrazo fraterno.

Para comentarios, aportes o sugerencias, por favor comuníquese a través del correo aciet@aciet.org.co o direccionejecutiva@aciet.org.co

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET saluda y celebra la aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, un hito histórico para la educación superior colombiana y un avance significativo en el fortalecimiento del esquema de financiación de las instituciones de educación superior públicas del país.

 Esta decisión representa un paso relevante hacia la sostenibilidad del sistema, al actualizar un marco normativo que durante más de tres décadas rigió la financiación de la educación superior en Colombia, y abre la posibilidad de una planeación más estable, progresiva y coherente con las realidades actuales del sector.

 Manifestamos nuestro orgullo institucional por haber sido actores activos y propositivos en este proceso, participando de manera constante en los diferentes espacios de discusión que hicieron posible este resultado. Así, cientos de miles de colombianos podrán seguir beneficiándose de la apuesta estatal de convertir la educación superior en un derecho, tanto por su financiamiento como por su acceso y mejores condiciones de calidad e infraestructura.

 Desde ACIET reafirmamos nuestro compromiso de continuar participando activamente en los debates y procesos que permitan consolidar un sistema de educación superior más equitativo, sostenible, diverso y articulado, al servicio del desarrollo del país y de las oportunidades de las nuevas generaciones.

 Celebramos, como bien lo indicó el señor ministro, José Daniel Rojas Medellín, su compromiso, ante la opinión pública y el Congreso de la República, de avanzar en una propuesta de reforma integral de la Ley 30 de 1992, de tal manera que dicho derecho a la educación sea universal y, por ende, rompa las brechas de acceso, cobertura y graduación, y cubra -también- a más de 200 instituciones de educación superior privadas que forman a más de un millón de compatriotas.

 La educación superior requiere consensos duraderos, políticas de Estado y la participación decidida de todos los actores. Desde ya, ACIET ofrece su experiencia y conocimiento sectorial para trabajar de la mano de quien el Ministerio y los demás actores del sector decidan, para construir dicho articulado de ley integral. En ese camino, ACIET seguirá siendo un interlocutor comprometido con el futuro de Colombia.

Para comentarios, aportes o sugerencias, por favor comuníquese a través del correo aciet@aciet.org.co