Con la firma del Decreto 2219 de 31 de octubre de 2014, surge la pregunta sobre los límites de la intervención del gobierno y de la autonomía universitaria.
A raíz de las múltiples críticas que recibió el Ministerio de Educación por su no intervención sobre las presuntas irregularidades de la administración de la Fundación Universitaria San Martín, que hoy ocupa los titulares de los medios de comunicación, el MEN firmó el Decreto 2219 de 31 de octubre de 2014, por el cual se reglamenta el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior, y que ahora le brinda las herramienta al Gobierno para intervenir a las IES.(ver decreto completo al final de artículo)
Al igual que las situaciones presentadas al interior de la San Martín, dicho decreto también ha causado polémica al ser acusado como inconstitucional, pues viola la autonomía universitaria planteada en la Ley 30 de 1992 y el artículo 69 de la Constitución Política, mientras que otros consideran que por fín le pone límites a la misma y le permite al Estado garantizar los derechos de los estudiantes y sus familias, quienes han invertido tanto dinero, tiempo y esfuerzo en las instituciones.
Una de las conclusiones del escándalo, es que el Ministerio no actuó oportunamente y que además, como lo señala el Observatorio de la Universidad Colombiana, el MEN sí cuenta con las herramientas para intervenir en situaciones donde los derechos de la comunidad educativa están siendo vulnerados. (Lea el artículo completo) Ahora la pregunta es por los límites de la intervención del gobierno en los asuntos de las IES, pues como lo asegura Patricia Osorno, asesora jurídica de Aciet, aún falta establecer los alcances e implicaciones del control del gobiero.
Aciet invita a las directivas de las IES afiliadas a a leer el decreto para hacer un análisis profundo del tema.

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